Alejandro Andreassi Cieri, profesor de Historia de la Universidad Autónoma de Barcelona 

El Estado de Bienestar o Welfare State fue el resultado de un pacto social de la segunda postguerra establecido al calor de una gran movilización popular, después de la derrota del fascismo. El pacto se caracterizo por establecer la base de acumulación capitalista en el consumo de masas de bienes producidos mediante métodos fordistas.

Dicho consumo de masas estaba asegurado por elevados niveles de empleo así como por una redistribución de la riqueza social mediante salarios directos e indirectos donde el Estado y los servicios públicos tenían un papel decisivo, dando lugar a el período denominado de los “25 gloriosos” (se extendió entre 1945 y 1970) y creando el mito de la posibilidad de un capitalismo “con rostro humano” en Europa Occidental, EE.UU, Canadá, Japón y algunos países de América Latina (Argentina, Chile, Uruguay, Costa Rica y México).

El final del Welfare State iniciado a comienzos de la década de 1970 señaló el principio de una fase caracterizada por la progresiva reversión y retroceso de las conquistas laboral y sociales alcanzadas por la clase obrera desde 1945. Esta tendencia, de funestas consecuencias, fue la respuesta de las clases dominantes para frenar e invertir la tendencia decreciente de la tasa del beneficio capitalista que se estaba verificando en los países centrales. Ello fue posible mediante la obtención de plusvalía al deslocalizar el aparato industrial a regiones del planeta donde ese Estado de Bienestar no existía o era más débil que en las economías centrales.

Esa debilidad o inexistencia no sólo fue una cuestión de infra o subdesarrollo provocado por la dependencia colonial o semi-colonial en países de Asia, África o América Latina, sino también como consecuencia del desarrollo dependiente que mantenían estructuras de poder fuertemente oligarquizadas, con estrechos ligámenes con las metrópolis de un imperialismo que no solo no ha desaparecido con la globalización sino que ha acentuado su capacidad de intervención en cualquier rincón del planeta.

Como pasó en Argentina, Chile y Uruguay , en las décadas de 1970 y 80, las oligarquías periféricas no tuvieron ninguna reticencia en utilizar el poder militar ( transformado en muchos casos en un “partido militar”) para la instauración de feroces dictaduras que allanaron el camino a la implantación de capitales multinacionales ante la menguante plusvalía que se producían en los países centrales. Se abría así una nueva fase histórica del desarrollo capitalista caracterizada por la  globalización neoliberal, cuyos efectos padecemos actualmente.

Por otra parte, el proceso de deslocalización ha tenido como resultado recuperar y aumentar la extracción de plusvalía en los países centrales, al facilitar la nivelación hacia abajo de las condiciones y derechos laborales de la clase obrera atemorizada por el aumento del paro y por los menores salarios que perciben los trabajadores del Tercer Mundo (ocupados en producir, en peores condiciones, los mismos productos que se producen en el Primer Mundo).[i] Este mecanismo ha permitido al empresariado de los países centrales mantener la presión sobre sus trabajadores con la amenaza del cierre de las empresas (y nuevas deslocalizaciones) cuando  llegan a resistirse  por las  reducciones de plantillas, las rebajas salariales o el deterioro de sus condiciones laborales; en la practica es una nueva versión de carácter estructural y a gran escala del tradicional lock-out patronal. 

Otro factor a tomar en cuenta es que hoy la generación global de plusvalía depende tanto de la producción de bienes materiales, físicamente tangibles, como de bienes inmateriales, o mejor dicho desmaterializados (tecnología, avances científicos, etc.). están creando precarización laboral y paro.

La ofensiva empresarial que caracteriza la fase neoliberal y globalizada del capitalismo – con las pautas de acumulación ampliada del capital que he comentado – se complementa con otros aspectos no menos importantes que son inherentes a esta fase: la progresiva privatización del sector terciario de la economía, especialmente servicios públicos históricamente gestionados por los Estados como la sanidad, la asistencia social y la educación.[ii]

Esto último es especialmente significativo ya que la privatización de los servicios educativos son una cesión de soberanía frente al capital privado ya que la escuela pública, especialmente la primaria había desempeñado históricamente un papel fundamental en la cohesión social y en la consolidación de los Estados nacionales con la difusión y homologación de la enseñanza gratuita y obligatoria a nivel primario.

Los bienes sociales compartidos – escuelas, universidades, hospitales, servicios de atención social, cajas de ahorro- son ahora objetivo de apropiación por el capital privado (concepto de “acumulación por desposesión” elaborado por David Harvey ) define también uno de los rasgos fundamentales de esta fase histórica del capitalismo, que ya dura al menos cuatro décadas. En el caso de la apropiación de servicios públicos además de la rentabilidad obtenida por el capital invertido, este queda garantizado por las subvenciones estatales – los conciertos de prestación de servicios- que reciben por hacerse cargo y, aplicando criterios exclusivamente mercantiles sin tener en cuenta los objetivos de interés social de servicios que controlaba la sociedad a través del Estado.

Se ha puesto mucho el énfasis en el carácter financiero o en el predominio del capital bancario en la fase neoliberal que estamos padeciendo. Sin embargo, varios economistas consideran que a pesar de todo, es en el “locus” de la producción donde se sigue extrayendo la plusvalía que después alimenta el crecimiento del apalancamiento financiero y el capital ficticio.

A diferencia del capitalismo de la post guerra , hoy  tal vez debería hablarse de lo que un economista como Michel Husson denomina ‘plusvalía no acumulada’; un plusvalía que emigra, de su destino natural, hacia la inversión productiva para multiplicarse desorbitadamente en la nebulosa financiera. Las multinacionales extraen la plusvalía de la periferia donde reside la industria deslocalizada – tanto de producción de bienes de consumo durable como perecederos- y reinvierten esas ganancias en ciclos especulativos o en la adquisición o en servicios públicos privatizados, así como en la especulación inmobiliaria que estimula las burbujas que han contribuido al estallido de la crisis más grave desde la Gran Depresión de 1929.

¿Es posible el retorno del Welfare State en el marco de la actual Unión Europea (UE)?

La actual UE, tal cual ha sido diseñada ha partir del Tratado de Maastricht y de la implantación del Euro responde totalmente a los objetivos y dinámicas del capitalismo en su fase actual neoliberal y globalizadora.

Las políticas keynesianas de estímulo fiscal de la demanda agregada y de déficit público quedan descartadas por principio, ya que el papel de los bancos centrales nacionales ha sido transferido al BCE, con el único mandato de controlar la inflación[iii], Banco que no actúa como prestamista de última instancia, sino que tiene expresamente prohibida la función de financiar directamente a los estados, lo que obliga a acudir al mercado de capitales para endeudarse, quedando a merced de los tiburones de las finanzas internacionales y de la banca corporativa.

La deuda pública se ha convertido así en una herramienta de dominación del capital internacional sobre gobiernos y sociedades, que se vuelven en sus rehenes. Por lo tanto, cualquier política de aumento del gasto público por parte de las administraciones, de inversión pública en actividades productivas (de servicios o financieras) así como cualquier intento por parte de un país de limitar la libre circulación de capitales queda no solamente prohibida, sino que puede ser penalizada.

Se suprimen así las herramientas redistributivas tradicionales y la imposibilidad de realizar políticas keynesianas de estímulo fiscal de la demanda agregada. Para reforzar estos obstáculos a cualquier política de expansión del gasto público se favorecen, además – desde la cúpula de la UE – las políticas de “acumulación por desposesión” mediante la promoción de la privatización de los servicios públicos consolidando también en ese ámbito el dominio de las empresas multinacionales mediante acuerdos transnacionales (TTIP, CETA) que refuerzan el poder de las empresas multinacionales frente a los estados.

La acción reguladora del Estado fue esencial en el desarrollo del Welfare State. Hoy la doctrina económica dominante en el ámbito de la UE es que los mercados desregulados y la libre competencia es capaz de asegurar una asignación eficiente de los recursos y por tanto debe impedirse la intervención estatal . Esta política es un obstáculo insalvable para la restauración en Europa de la situación existente entre 1945 y 1970, al menos mientras esta doctrina sea imperante y sostenida por los aparatos de gobernanza de la UE.

La imposibilidad del retorno de los “25 gloriosos” deriva tanto de la hegemonía de una determinada ideología económica, como de las condiciones estructurales de acumulación capitalista construidas desde la década de 1970, una ideología que justifica la forma en que se ha constituido esta UE.

Notas

[i] John Smith, Imperialism in the Twenty-First Century: Globalization, Super-Exploitation, and Capitalism’s Final Crisis (Monthly Review Press, 2016).

[ii] Este fenómeno, especialmente en el ámbito de la sanidad fue señalado por Vicenç Navarro a finales de la década de 1970 en, Vicenç Navarro, La medicina bajo el capitalismo (Crítica, 1979).

[iii] A diferencia de la Reserva Federal de Estados Unidos o del Banco de Inglaterra que no sólo deben controlar la inflación, sino también promover el crecimiento y el pleno empleo, ver Joseph E. Stiglitz, El euro: Cómo la moneda común amenaza el futuro de Europa, Edición: 001 (Barcelona: DEBOLSILLO, 2017), 166-67.