Miguel Manzanera Salavert

  1. Introducción: la involución conservadora de la sociedad española.

El cambio de gobierno en el Estado español ha abierto una ventana de oportunidad para la autoafirmación democrática de la ciudadanía. Frente a la deriva autoritaria de los conservadores, es preciso movilizarse en favor de un orden social más equilibrado y justo. Uno de los temas pendientes a resolver inmediatamente es la ley de educación, sustituyendo la LOMCE promulgada por el ministro Wert del PP, por una nueva ley de educación democrática y progresista.

Los actuales problemas del sistema educativo en el Estado español constituyen un aspecto más de la crisis cultural, que acompaña al contexto de decadencia social, política y económica en los estados imperialistas. Los países que han constituido el centro del sistema capitalista mundial en los últimos siglos, se encuentran sumidos en una depresión económica que conlleva la pérdida de la hegemonía política. Al mismo tiempo, las decisiones de los gobiernos liberales, fundadas en la privatización de los bienes públicos, profundizan las desigualdades sociales; las clases trabajadoras son las que sufren con mayor dureza las dinámicas neoliberales, que están generando un empobrecimiento de los trabajadores y las capas inferiores de la sociedad.[1]

Esa evolución social hacia el aumento de las desigualdades viene acompañada de mecanismos de corrupción que favorecen el drenaje de la riqueza social hacia los sectores más favorecidos de la población, así como el autoritarismo del Estado que protege a la oligarquía corrupta y la represión de los movimientos críticos y de protesta. Estas son los motivos que determinan la ley de educación del actual gobierno conservador, con el objetivo de crear una ciudadanía dócil y sumisa dentro de una sociedad fuertemente jerarquizada.

Frente a esa pretensión se ha originado una protesta social en el Estado español, cuyo objetivo es exigir una educación que forme personas críticas, responsables y conscientes. Se aspira a una cultura democrática, que promueva un proceso de participación, incorporando en el debate a aquellos colectivos y personas que manifiesten su interés en expresar sus propuestas; las líneas de acción colectiva deben poderse establecer a través de la deliberación pública de todos los agentes sociales implicados, y ser elaboradas por las instituciones representativas de los movimientos sociales, asociaciones, sindicatos, partidos, etc. Para que se desarrolle esta democracia avanzada es necesario contar con una ciudadanía bien informada, compuesta por personas críticas y conscientes capaces de evaluar las mejores opciones para todos. En el proceso de formación de ese orden social democrático, la educación juega un papel fundamental.

  1. Dos modelos alternativos para el sistema educativo.

En este debate establecido sobre la educación, hay dos modelos de escuela posible con múltiples aspectos diferenciados, los más importantes se señalan a continuación.

En primer lugar, desde la concepción de la educación:

  1. La educación entendida como un derecho universal,garantizado por el Estado de manera equitativa para toda la ciudadanía; lleva a defender la escuela pública.
  2. La educación entendida como un servicio mercantilizado, que debe ser liberalizado para crear empresas que compiten en el mercado educacional.La libertad de enseñanza se concibe como argumento para promover la privatización de la enseñanza y liquidar la escuela pública. Supone desarrollar un sistema educativo desigual y empeorar las condiciones laborales y docentes del profesorado, porque prima una menor inversión con un mayor rendimiento.

En segundo lugar, desde la concepción de las relaciones sociales:

  1. el modelo democrático de participación ciudadana se funda en la ciudadanía consciente y responsable, fomentando el diálogo y el compromiso a partir del acuerdo colectivo. El alumno desarrolla su autonomía personal y su pensamiento con libertad, conscientemente y de forma crítica.
  2. el modelo autoritario impone la disciplina y la obediencia a las decisiones tomadas por los responsables del orden social. La educación crea personalidades dependientes y acríticas, incapaces de ejercer el control democrático sobre los poderes públicos.

En tercer lugar, respecto de los contenidos:

  1. el currículum define el camino del conocimiento y forja nuestra identidad; por tanto es una cuestión política y sometida a debate, dependiendo de los intereses distintos y enfrentados de culturas, clases y grupos sociales.
  2. el currículum se entiende como una cuestión técnica, elaborada por expertos sin contar con los miembros de la comunidad educativa.

En cuarto lugar, respecto de la acción pedagógica del profesorado:

  1. autonomía de los profesores para diseñar su asignatura en función de sus conocimientos y preparación, valorando la madurez y formación de los alumnos para adoptar criterios propios en relación con la cultura.
  2. control burocrático de la actividad docente, exigiendo informes detallados de los procesos de enseñanza y evaluando los conocimientos mediante pruebas externas cuantitativas.

En quinto lugar, respecto de los factores que constituyen el éxito escolar:

  1. el éxito educativo depende del conocimiento científico del proceso educativo, y de la buena formación del profesorado que sepa transmitir un modelo conductual ético y responsable, permitiendo a los alumnos apropiarse de las herramientas conceptuales para aprender por sí mismos y elaborar criterios propios para evaluar la realidad en la que viven.
  2. el éxito en los estudios depende del esfuerzo individual en el dominio de las destrezas exigidas, dentro de un proceso competitivo con el resto de los alumnos, medido por las calificaciones escolares.

En sexto lugar, respecto de la relación entre lo privado y lo público:

  1. el Estado es laico, respeta la pluralidad de valores presentes en la población, y la política consiste en realizar la función de mediación entre las creencias de los grupos .
  2. el Estado privilegia un tipo de creencias sobre otras, bajo la consideración de su importancia tradicional en la sociedad, en el caso español la religión católica.

En España el conflicto entre ambas concepciones de la educación se ha planteado con claridad: de un lado, el partido conservador en el gobierno, y del otro,la sociedad civil agrupada en las Redes por una Nueva Política Educativa, donde el Foro de Sevilla ha jugado un papel fundamental (Foro 2015). En cada uno de los apartados señalados más arriba, la alternativa a) se refiere a las propuestas pedagógicas de la sociedad civil en favor de un modelo alternativo, mientras que la b) representa las características de la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza) del gobierno PP (BOE 2016). Y si bien la mayoría parlamentaria en las Cortes está en contra de la LOMCE, no hay acuerdo acerca del modelo educativo alternativo. Mientras que el Foro de Sevilla apunta a un modelo de renovación pedagógica bastante radical, los sectores reformistas de la oposición apuestan por un modelo intermedio que no representa una ruptura con las propuestas conservadoras para la educación.

  1. Del déficit democrático a la involución autoritaria.

El Estado liberal español, heredero de una cultura históricamente autoritaria e intolerante, tiene limitaciones importantes que impiden la participación efectiva de la ciudadanía en las decisiones políticas que afectan a la mayoría; eso resulta especialmente significativo en el terreno de la educación. La democracia formal ha reducido la participación y la capacidad de decisión sobre la política educativa a las estructuras de los partidos políticos, empobreciendo el debate público y recortando las posibilidades de la sociedad civil para determinar el desarrollo de la educación. El electoralismo sustituye el verdadero ejercicio de la política, como ámbito de la decisión colectiva consensuada sobre el fundamento del diálogo y el compromiso.

Así, a pesar de la descentralización por transferencia de competencias educativas a las Comunidades Autónomas, el modelo escolar depende de la legislación emanada del gobierno central, estando sujeta a los sucesivos cambios que ha sufrido el ordenamiento educativo en las últimas décadas; ha habido siete leyes diferentes desde la instauración de la democracia con la Constitución del 78: LGE (Villar Palasí, ministro franquista -1970-), LOECE (UCD -1980-), LODE (ley orgánica del derecho a la educación, PSOE 1985), LOGSE (PSOE, 1990), LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la Educación PP-2002), LOE (PSOE 2006) LOMCE (Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa PP-2013). Cada gobierno de los partidos mayoritarios que se han turnado en el ejercicio del poder ha querido establecer su propia ley de educación: estando de acuerdo en el modelo de gestión económica neoliberal y en la estructura monárquica del Estado, ambos partidos han querido diferenciarse por su política cultural. Pero ninguna de las leyes anteriores ha hecho los cambios suficientes que requiere un sistema educativo democrático y comprensivo.

Especialmente la LOMCE (Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa, 9/12/2013) –también conocida como ley Wert por el nombre del ministro de educación del partido conservador- ha profundizado en la tendencia autoritaria y antidemocrática.

  1. La LOMCE es un proyecto de ley impuesto sin debate ni consenso, de espaldas a la comunidad educativa y a los expertos y expertas en el campo de la educación, cuando el PP tenía la mayoría absoluta en las Cortes; ésta ha sido deslegitimada en las sucesivas elecciones parlamentarias, pero el PP ha retenido el gobierno de la nación. Ese proyecto está en proceso de revisión por la enorme controversia que suscitó en la comunidad educativa. Generó una movilización social en contra conocida como ‘marea verde’ por el color escogido por la ciudadanía para identificarse. Se protestaba por el autoritarismo del gobierno, la privatización y la confesionalidad de la reforma educativa, el modelo curricular que elimina las humanidades y las enseñanzas artísticas, la segregación del alumnado, etc.
  2. Esa ley ha eliminado las funciones del Consejo Escolar, como órgano de gobierno de la Comunidad Educativa, en el que estaban representados los agentes del proceso de enseñanza –alumnos, profesores, padres, ayuntamientos, personal laboral-, y que gracias a su control del Proyecto Educativo del Centro (PEC) establecía las directrices pedagógicas fundamentales de cada institución educativa. El Consejo Escolar queda relegado a funciones meramente consultivas y no decisorias. Las funciones decisorias pasan a ser competencia de un director o directora, nombrado directamente por la Administración y no de forma democrática por su comunidad educativa. Este modelo rompe con la cultura de colaboración y participación necesarias con las familias y la comunidad educativa.
  3. El director del Instituto tiene competencias en la selección del profesorado, lo que introduce la arbitrariedad y el subjetivismo. La actividad del profesorado es controlada burocráticamente por medio de tareas administrativas y detrimento de su autonomía. Además esta ley favorece la privatización y mercantilización de la educación, lo que otorga importantes cuotas de poder a los empresarios privados.

La crisis política de la democracia liberal tiene un factor importante en el descrédito de los partidos políticos de la monarquía –el bipartidismo PP/PSOE-, que se han visto involucrados en procesos de corrupción. La incapacidad del sistema político para resolver las dificultades económicas ha generado la movilización social en los últimos años, que ha sido duramente reprimida por el Estado. En el ámbito educativo el autoritarismo del partido conservador y la incapacidad del PSOE para contrarrestarlo han dado lugar a una protesta generalizada en el Estado español. Apostando por una legislacióndesarrollada bajo el consenso democrático, el Foro de Sevilla nació en 2012 para desarrollar el necesario debate entre todos los sectores de la comunidad educativa, con el objetivo de constituir una Ley de Educación consensuada que modele de forma definitiva nuestro sistema educativo. Posteriormente se constituyeron las Redes por una Nueva Política Educativa en que participan 24 ONGs y asociaciones ciudadanas, además de las asociaciones de padres y madres de estudiantes organizadas como AMPAs (Asociación de Madres y Padres de Alumnos), que se asocian en la CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos), sindicatos de estudiantes y de profesores, y partidos políticos.

Esta movilización ha subrayado la necesidad de un pacto político que haga posible una ley de educación duradera; para ello tiene que darse un consenso básico, que no parece posible en el estado español: primero, porque en la etapa constitucional han primado los intereses partidistas; y segundo porque en el momento actual el gobierno conservador quiere imponer su punto de vista sobre la sociedad española, consiguiendo sostenerse en medio de la crisis. Mientras el partido conservador tuvo mayoría absoluta, promulgó la LOMCE sin discusión alguna en el año 2013; pero cuando perdió esa mayoría, después de las elecciones de 2016, y bajo la presión de la movilización social, el debate llegó a las Cortes. El 15/11/2016 la mayoría del Congreso aprobó iniciar los trámites para suspender la LOMCE por 208 votos a favor, 133 en contra y dos abstenciones; el Pleno del Congreso tomó en consideración la proposición de ley del PSOE, instando a paralizar los aspectos de la reforma educativa que aún no han tenido aplicación, como es el caso de las evaluaciones externas o reválidas, así como sustituir la reforma educativa del PP por otra ley. Votaron a favor el PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos, así como ERC, el PNV, el Partit Demòcrata Català, Bildu, Compromís y Coalición Canaria, cuyos escaños suman mayoría absoluta. El PP y Foro Asturias en contra. Entonces se estableció una subcomisión parlamentaria que reflexionara sobre el modelo educativo, aunque esta subcomisión todavía no ha dado resultados prácticos.

  1. Evolución del conflicto

Las sucesivas leyes de educación han mantenido un sistema intermedio entre ambas opciones de organización escolar, con predominio del modelo liberal. Eso resulta insatisfactorio para los sectores más comprometidos con el modelo republicano de escuela pública –agrupados por el movimiento de renovación pedagógica-. Por ejemplo, según los gobiernos puede variar la cantidad de dinero público con que se financia a las entidades privadas, pero se mantiene el negocio educativo. Se cambia el lugar de la religión en la escuela, pero se siguen contratando profesores de religión católica bajo recomendación del obispado. Las reformas curriculares que se han ido sucediendo, todas superficiales, han acudido a intereses corporativos y disciplinares–diferentes materias de estudio-, sin plantearse en profundidad las características de una enseñanza para la emancipación personal. Etc.

Pero si la indefinición ha caracterizado a los inestables pactos educativos de la democracia liberal, la ruptura de todo consenso por los últimos gobiernos conservadores ha sublevado a la sociedad, de forma especialmente notable en los ámbitos sanitario y educativo. De ese modo la última ley de la enseñanza generó la movilización social en su rechazo. Las características más criticadas de la LOMCE son:

  1. Carece de base científica pedagógica, no se estudian las causas reales que provocan el fallo del sistema educativo español.
  2. Autoritaria:
  • Impuesta de espaldas a la comunidad educativa
  • Elimina las funciones del Consejo Escolar
  • Pérdida de autonomía de los centros y aumento del control burocrático
  • Permite la selección arbitraria del profesorado
  1. Privatizadora:

3.1. Defiende una ideología mercantilista: la educación como servicio

3.2. Reduce la financiación de la educación pública

3.3. Apoya la gestión empresarial de la educación mediante la concertación

  1. Fomenta la desigualdad y la segregación del alumnado

4.1. Deriva a las personas con dificultades hacia itinerarios secundarios

4.2. Introduce la competencia y la selección entre los estudiantes

4.3. Devalúa la formación profesional

4.4. Admite la concertación para centros con alumnos separados por sexos

  1. Supone un ataque a la formación humanística ylaica
  • Elimina las enseñanzas humanísticas y artísticas
  • Introduce pruebas de evaluación externas en cada tramo educativo
  • Potencia el adoctrinamiento católico en la escuela.

En marzo de 2017, tras la pérdida de la mayoría absoluta en las Cortes, hubo una huelga de la enseñanza con participación de toda la comunidad educativa. Se pedía derogar cuanto antes la LOMCE calificada como ideológica y elitista, sin esperar a la conclusión de la negociación del pacto educativo en el Congreso. El presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA) justificaba la huelga porque el gobierno conservador mantenía la misma política educativa, a pesar de perder varios millones de votos en las elecciones;mientras se organizaba el diálogo para el pacto educativo, el gobierno conservador en minoría aprovechaba la falta de consenso entre las fuerzas opositoras para mantener el proceso de implementación de la ley Wert. Lo único conseguido hasta el momento ha consistido en eliminar las reválidas que esa ley introduce en cada en tramo de la enseñanza –una evaluación externa donde el ministerio de educación evalúa las competencias alcanzadas por los alumnos-.

El 26 de julio de 2017 la Cortes publicaron «Resumen global por temas de las comparecencias de la subcomisión Pacto de Estado Social y Político por la Educación», donde se recogían las intervenciones de los agentes sociales en las Cortes y se exponía el debate realizado durante el segundo trimestre del año (Foro 2017). Un documento sin efectividad práctica; tanto es así que en septiembre los miembros del Foro de Sevilla denunciaron la nulidad efectiva de esa subcomisión. Según el representante de Podemos: seis meses después de la huelga, la situación apenas ha cambiado. El PP plantea la subcomisión como una prórroga de la LOMCE(Castillo 2017b). En efecto, el Pleno del Congreso aprobó prorrogar otros seis meses los trabajos de la subcomisión que negocia el Pacto por la Educación, solicitada por todos los grupos, lo que prolonga la vigencia de la controvertida ley. El partido conservador ha retenido el poder político a pesar de contar con mayorías escasas, imponiendo su punto de vista en la mayoría de los asuntos, gracias al apoyo de la UE y las instituciones no democráticas del Estado, como la monarquía, los tribunales y los cuerpos de seguridad.

Esta situación ha derivado en que los grupos de la oposición se planteen acuerdos para modificar puntos concretos de la LOMCE. Entre los puntos más necesarios para modificar están: los conciertos educativos como forma de privatización de la enseñanza –la educación concertada es proporcionada por entidades privadas subvencionadas con dinero público-, la obligatoriedad de la asignatura de religión y su validez significativa para el currículum, y la segregación de los niños en fases tempranas de aprendizaje creando líneas educativas diferenciadas. Finalmente en marzo de 2017, ante la inoperatividad de la Subcomisión parlamentaria,ésta ha sido abandonada por las fuerzas políticas que participan en las Redes por una Política Educativa Alternativa: PSOE, IU-PODEMOS, ERC.

  1. Un modelo alternativo: Foro de Sevilla

Como se ha señalado más arriba, las evaluaciones de distintos organismos internacionales, como la OCDE y la Comisión Europea, muestran que el sistema educativo español genera altas cifras de fracaso escolar. Pero en lugar de responder a esos problemas de manera justa y científica, el gobierno conservador ha implementado un modelo escolar competitivo y segregador, al servicio de la economía de mercado. Ese modelo agravará el problema del abandono escolar, puesto que su objetivo es crear capas diferenciadas entre trabajadores de una sociedad clasista. La comunidad educativa se ha levantado contra esa ley, generando una movilización social de envergadura, que se apoya en un modelo alternativo para la educación. La reforma educativa es una necesidad urgente para la sociedad española; sin embargo, ésta se encuentra bloqueada de momento, al permanecer bajo la hegemonía conservadora. De ahí que esa movilización persistente de la comunidad educativa todavía no haya dado resultados. Mientras que la actitud del Estado se concentra en la legislación y las normas,esa renovación pedagógica tendría que apoyarse en las aspiraciones del profesorado para mejorar la calidad de la enseñanza y la participación de todos los agentes de la educación. La mejora del sistema educativo dependerá de la capacidad de los enseñantes para actuar consistentemente en función de las necesidades escolares, asumiendo un programa pedagógico científicamente fundamentado.

Apoyándose en los debates internacionales realizados en las últimas décadas –el Foro Social Mundial y su Carta de Porto Alegre de 2001 y 2003, la Declaración de Quebec de 2001, la Declaración de São Paulo de 2004 y la Declaración del IV Congreso de la Internacional de la Educación de 2004-, el Foro de Sevilla demanda una educación integral y democrática desde sus primeras reuniones. En abril de 2015, se crean las Redes por una Nueva Política Educativa en elEncuentro social de debate. Por una nueva ley educativa, con más de 30 organizaciones de la sociedad civil no empresarial. Las conclusiones de este encuentro afirmaban los principios de igualdad, participación democrática, laicidad, coeducación, sostenibilidad, cooperación y demás valores democráticos de la educación (Foro 2015). Un año después esas propuestas fueron discutidas en el Congreso de los Diputados.

Esta toma de posición inicial se ha ido desarrollandoa través del debate colectivo en una serie de documentos que exponen su concepción de la educación. En diciembre de 2016 se presentó el Documento de Bases para una nueva Ley de Educación. Acuerdo social y político educativode las Redes, donde se afirmaban los principios para una educación democrática:

«La educación que queremos se basa en el principio básico del derecho a la educación desde el nacimiento y a lo largo de toda la vida, así como en los principios de igualdad, laicidad, diversidad, inclusión, sostenibilidad, autonomía, convivencia, participación democrática, solidaridad, antiautoritarismo y coeducación. Que desarrolle un aprendizaje cooperativo que sea participativo, colaborativo y nunca competitivo, implicando en su consecución a toda la comunidad educativa.»

Las funciones de la educación comprenden el desarrollo intelectual, la formación para la ciudadanía, el desarrollo emocional para el bienestar personal y colectivo, y la formación general y específica para desarrollar tareas productivas útiles y sostenibles. Elementos indispensables para alcanzar esas funciones son la educación democrática, la eliminación del patriarcado, la defensa del medio ambiente, el desarrollo de la sensibilidad estética y la atención personalizada fundada en el respeto hacia las particularidades de cada cual. Este Documento señala, además, que la legislación en materia educativa debe fundamentarse en los pactos internacionales sobre las bases jurídicas de la sociedad moderna, estos es, la Declaración universal de los derechos humanos, la de los Derechos de la Tierra y la de los Derechos de la infancia. Garantizar esos derechos de forma universal es competencia de los poderes públicos, que deben aportar los recursos necesarios para hacerlos realidad, favoreciendo la autonomía y la capacidad crítica de las personas, y sin pretender adoctrinarlas.

Los ejes principales de la alternativa son los siguientes:

  • Universalización del derecho a la educación de 0 a 18 años.
  • Principios orientadores: igualdad, laicidad, diversidad, inclusión, sostenibilidad, autonomía, convivencia, participación democrática, solidaridad, antiautoritarismo y coeducación.
  • Aprendizaje cooperativo y no competitivo.
  • Una red única de centros de enseñanza pública.
  • Profesorado comprometido, formado como educadores/as y potenciando una cultura de renovación. Estabilidad en las plantillas docentes.
  • Dirección democrática: representativa, colegiada, voluntaria y renovable.
  • Participación de todos los miembros de la comunidad educativa.
  • La evaluación como instrumento de mejora del proceso educativo.
  1. Conclusiones

El diseño del modelo educativo depende de las previsiones sobre el futuro de la sociedad y el sistema de relaciones que se quiere hacer prevalecer en ella. En el Estado español se enfrentan dos modelos educativos, que se corresponden con dos concepciones opuestas del orden que debe prevalecer en la sociedad: un sistema autoritario y fuertemente clasista, frente a otro democrático y participativo. La resolución de la actual crisis económica y política pondrá las bases para el futuro desarrollo de la sociedad.

 

BIBLIOGRAFÍA

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CAÑADA, Manuel (2017): Siete tesis de urgencia sobre la renta básica.http://rebelion.org/noticia.php?id=235464

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CASTILLO, Carlos del (2017b): El pacto educativo se retrasa: la LOMCE seguirá viva hasta final de legislatura. Público.http://www.publico.es/politica/pacto-educativo-retrasa-lomce-seguira-viva-final-legislatura.html

DÍEZ GUTIÉRREZ, Enrique (2013): 14 razones para retirar la reforma educativa.https://www.cronicapopular.es/2013/07/14-razones-para-retirar-la-reforma-educativa/

FORO de Sevilla (2015): Por otra política educativa, https://porotrapoliticaeducativa.org/

FORO de Sevilla (2017): En defensa de una planificación educativa al servicio de la ciudadanía y no de la segregación escolar. https://porotrapoliticaeducativa.org/2017/07/31/en-defensa-de-una-planificacion-educativa-al-servicio-de-la-ciudadania-y-no-de-la-segregacion-escolar/

INE, Instituto Nacional de Estadística (2017). http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=ultiDatos&idp=1254735976595

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QUIRÓS, Beatriz (2004): Comercialización de la educación. África, América Latina. Cuadernos, 45.

[1] El paro afecta en España a más del 17% de los trabajadores, siendo especialmente grave entre los jóvenes menos de 30 años y afectando especialmente a las mujeres. Mientras que el número de desempleados se mantiene alto, la cobertura por desempleo disminuye, de modo que solo cobraba el subsidio de desempleo el 24,1% de los parados registrados en las oficinas del INEM (Instituto Nacional de Empleo); otra parte importante de la población recibe prestación asistencial, pero el 43,8% de los parados, cerca de 2 millones de trabajadores sin empleo, no recibe prestación alguna (INE 2017).Como consecuencia 13 millones de personas -casi el 28% de la población- se encuentra en riesgo de pobreza, 2 millones se ven obligadas a recurrir a los bancos de alimentos y 6 millones, a pesar de trabajar, no alcanzan en el cómputo anual ingresos superiores al salario mínimo (Cañada 2017).